La juez atribuye a los imputados un plan para dar a los remeros de Urdaibai productos prohibidos

Advierte que todos ellos, «puestos de común acuerdo», facilitaron a los deportistas EPO, otras sustancias nocivas para la salud y enmascaradores

EL CORREO DIGITAL  - (Á. P. | Bilbao.).-La juez de Gernika encargada de las diligencias previas de la 'Operación Estrobo', que como adelantó ayer EL CORREO atribuye un posible delito contra la salud pública a los diez imputados en el caso -cuatro de ellos vinculados directamente con Urdaibai-, considera que todos ellos, «puestos de común acuerdo, idearon un plan para facilitar a los remeros diversas sustancias no permitidas por las autoridades sanitarias deportivas y destinadas a aumentar su capacidad física con el objetivo de ganar el mayor número de regatas y competiciones».

Los productos, que según las pesquisas y escuchas telefónicas llevadas a cabo por efectivos de la Guardia Civil a partir de que el técnico de Kaiku, José Luis Korta, denunciara los hechos al término de la Bandera de La Concha de 2010, habrían sido adquiridas en diferentes establecimientos de Bermeo, Portugalete, Cáceres, Andorra y Munich, así como a un matrimonio de Córdoba. La lista estaría compuesta por insulina, Dexametasona, EPO, Darbepoetina Alfa, Efedrina, albúmina humana, hormona luteinizante, hidrocortina fosfato sódico, nandrolona-decanoato, Piracepam y Tetracosactida, entre otras, bajo diferentes nombres comerciales.

Maynar, figura clave 

En su auto, la magistrada señala que, «a fin de supervisar el suministro de tales sustancias a los remeros», el entonces técnico de la 'Bou Bizkaia', José Manuel Francisco, y el presidente de la entidad, Josu Zabalondo, contactaron con el médico deportivo cacereño Marcos Maynar, al que desde que el caso llegó a la justicia se considera una de las figuras clave de la trama. De hecho, es a través de este facultativo «como Zabalondo, Francisco y Borja Garay -médico entonces de Urdaibai- habrían tomado conocimiento de los productos a comprar, los métodos y las rutinas de aplicación, así como la identidad de las personas o establecimientos en los que se podían obtener», añade el texto de la juez.