1.2.14

La Operación Puerto sigue pendiente de los recursos

CUANDO SE CUMPLE UN AÑO DESDE EL INICIO DEL JUICIO

La Operación Puerto sigue pendiente de los recursos

  • La acusasión solicita un aumento en las penas de Fuentes y Labarta, la entrega de las bolsas de sangre y condenar a los absueltos Manolo Sainz, Vicente Belda y Yolanda Fuentes

Eufemiano Fuentes en una imagen durante el juicio hace un año. JUAN AGUADO
Eufemiano Fuentes en una imagen durante el juicio hace un año. JUAN AGUADO

Un año después del inicio del juicio de la Operación Puerto, el mayor escándalo de dopaje en la historia del deporte español, la Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse en breve sobre los recursos presentados tras la conclusión de la vista.
El magistrado Alejandro Benito será el ponente de todos. Los de la acusación, Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado -en representación del Consejo Superior de Deportes (CSD)-, Unión Ciclista Internacional (UCI), Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Comité Olímpico Italiano (CONI) y el excorredor Jesús Manzano, y los de los condenados, el médico Eufemiano Fuentes y el preparador físico José Ignacio Labarta.
Ocho años después del inicio de la operación, que fue archivada en marzo de 2007 por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y reabierta por la Audiencia Provincial en febrero de 2008, el caso vuelve a la Sección Primera de esta instancia, donde los recursos siguen una tramitación ordinaria.
El aumento de las condenas a Fuentes y Labarta, junto a la entrega de las bolsas de sangre incautadas en la redada policial en mayo de 2006, son las peticiones principales de la acusación a las que debe responder la Audiencia de Madrid. La Abogacía del Estado, en representación del Consejo Superior de Deportes (CSD), solicita mayores condenas para Fuentes y Labarta, así como extender la inhabilitación de Eufemiano Fuentes a su condición de médico y condenar a los absueltos Manolo Sainz, Vicente Belda y Yolanda Fuentes.
Igualmente reclama la entrega de las pruebas documentales y las bolsas de sangre a las autoridades deportivas para incoar expedientes administrativos a los deportistas afectados, confirmaron a EFE fuentes del CSD. El CONI pide además el acceso a los ordenadores de Eufemiano Fuentes. Este organismo consiguió que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sancionara en 2010 durante dos años al ciclista Alejandro Valverde al considerar probado que su ADN correspondía con el de la bolsa de sangre número 18 incautada a Fuentes.
El comité italiano se hizo con una muestra de sangre durante una suplencia al frente del juzgado número 31 de Madrid que instruía el caso, pese a que éste había rechazado las peticiones para obtener las bolsas hechas por la Federación Española de Ciclismo, la Unión Ciclista Internacional y el TAS.
El origen de la trama
La 'Operación Puerto' se desarrolló en mayo de 2006 -antes de la entrada en vigor de la Ley española de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje-, cuando la Guardia Civil descubrió en Madrid un laboratorio con grandes cantidades de bolsas de sangre almacenada y aparatos de análisis.
Tras el descubrimiento fueron arrestados Eufemiano Fuentes, el entonces director deportivo del equipo ciclista Liberty Seguros, Manuel Saiz, y José Ignacio Labarta, entre otros. Siete años después y tras dos meses de juicio, el 30 de abril de 2013 la juez consideró a Fuentes autor directo de un delito contra la salud pública. Le condenó a un año de prisión, le inhabilitó 4 años como médico deportivo y le impuso una multa de 4.500 euros.
Labarta fue el otro condenado como cómplice, por lo que le inhabilitó durante cuatro meses y le multó con 1.800 euros. La sentencia absolvió a los exdirectores Manolo Saiz y Vicente Belda y a la doctora Yolanda Fuentes, pero no accedió a entregar las bolsas de sangre en poder del laboratorio antidopaje de Barcelona, cuyo número "no cuadra" con las supuestamente intervenidas por la Guardia Civil en 2006. La juez ordenó incluso su destrucción cuando la sentencia sea firme.
Ahora, pasados casi ocho años y cuando el comandante de la Guardia Civil que estuvo al frente de la operación, Enrique Gómez Bastida, dirige la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), la Audiencia Provincial de Madrid tiene la palabra.

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